El proyecto de ley propone congelar las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional a partir de las jubilaciones de 462.000 colones. Esto significa no asignar ajustes por costo de vida (derivado de la inflación anual) hasta que la proporción de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 60%. En 2020 ese indicador fue levemente inferior al 70%. Se ha mencionado, sin fundamento, que reducir el indicador al nivel del 60% tardaría 10 años. En pocas palabras, la medida equivale a extender a las pensiones la regla fiscal que fue aprobada en el paquete fiscal de 2018. Es decir, un golpe más a las pensiones de los jubilados pobres y de clase media.
El Ministerio de Hacienda, y algunos medios de comunicación, han hecho números alegres con el “ahorro” que se puede derivar de esta acción fiscal. Al respecto, han calculado un monto de ahorro bruto que resulta de comparar el nivel de las pensiones sin el ajuste inflacionario con lo que pasaría con tales jubilaciones si recibieran el incremento por el costo de vida. Tal cálculo se realiza para los próximos 10 años, estimándose un promedio anual de ahorro, que equivale al ahorro a la mitad del período, es decir, 5 años.
Hemos reproducido tal cálculo, ratificando que los números publicados son correctos. El dato más difundido es el ahorro promedio si la inflación fuera del 2%, durante los 10 años en mención. Esto significa aproximadamente 84.000 millones de colones, al quinto año del congelamiento. Tal dato lleva a los defensores de la medida a afirmar que se produciría un gran ahorro. Pero, eso es una fantasía más de la política fiscal. Dicho cálculo se refiere al ahorro bruto por lo que da una imagen incorrecta del verdadero ahorro. Se les escapó a los formuladores de la propuesta, y a los difusores mediáticos, que sobre toda pensión con cargo al Presupuesto Nacional hay una serie de deducciones que se deben considerar para establecer el verdadero nivel de la pensión. A tales pensiones se les aplica una cotización básica y una cotización solidaria, dependiendo del monto de la jubilación; además, se deduce el impuesto sobre la renta, una cuota para el pago del seguro de salud de la CCSS y otras cotizaciones como cargos por administración del régimen respectivo y por pólizas de vida. Por lo tanto, lo que se debe considerar, para efecto del cálculo verdadero de la jubilación es la pensión neta. La pensión bruta no dice nada y, si se hacen estimaciones de ahorro con base en el monto bruto, se llega a una sobre estimación notoria que induce a error a la hora de tomar decisiones.
Además, el cálculo del ahorro bruto, difundido ampliamente a nivel mediático, fue realizado a precios corrientes; es decir, a los precios de cada año. Eso no es comparable, porque estamos relacionando naranjas con chayotes. En consecuencia, luego de calcular el ahorro neto se deben deflatar las cifras obtenidas. Eso es un procedimiento técnico que, utilizando un índice de precios, convierte los colones corrientes en colones constantes de un año fijo de comparación. Cuando la inflación es del 2% hay diferencias que son importantes entre los colones corrientes y los colones constantes. Sin embargo, cuando la inflación pasa al 5% o al 10%, las diferencias son abismales, por lo que trabajar con colones corrientes es un grave error técnico que induce a una tremenda distorsión de los valores monetarios. El proyecto de ley incurre en esta falla, llevando a un error grave de estimación del ahorro, aunque sea el neto mencionado antes.
Finalmente, los cálculos del impacto del proyecto de ley no consideran la distribución del ingreso, ocultando que la mayor parte del ahorro recaerá en los jubilados más pobres. En el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) sucederá lo siguiente. Una tercera parte del ahorro neto será aportado por las pensiones menores de 1 millón. Un poco menos de la tercera parte del ahorro neto saldrá de las jubilaciones de 1 a 1,5 millones. Una cuarta parte del ahorro neto recaerá sobre las pensiones de 1,5 a 2,5 millones. De esta manera, las jubilaciones superiores a 2,5 millones aportarán sólo el 10% del ahorro neto.
Es decir, una vez más, como ha sucedido en los últimos 33 meses, la política fiscal trata de obtener recursos de los sectores de menor ingreso. Es clara la opción preferencial por los ingresos altos. Se formula un proyecto que recaerá sobre la población pobre, con un ahorro neto pírrico, pero se olvidan de gestionar un mayor pago de los segmentos de la población con ingresos más altos. Es conocido, de sobra, que en los impuestos del IVA y de renta hay una falta de pago que puede llegar, por lo menos, al 6% del PIB. Y con este proyecto, el Ministerio de Hacienda pretende obtener unas pocas milésimas del PIB, sin importar que en otros segmentos de la población sí hay una gran capacidad de aporte tributario.
El problema fiscal reside en esta incapacidad tributaria y en la falta de una gestión eficiente de la deuda pública, tanto interna como externa, que reduzca el costo de tal deuda.